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Agencia Estatal de Seguridad Vial
En (Autor) por Luis E. Lorenzo Heptener el 04-08-2009
Desde hace cinco años, y como una promesa incumplida más de las muchas que ha prodigado este Gobierno –y a las que parece que nos hemos acostumbrado, porque nadie se atreve a decir que se nos miente una y otra vez-, la Agencia Estatal de Seguridad Vial permanece arrumbada y nonata.
A cualquiera que se le haya ocurrido que crear una Agencia de este tipo es fácil, está meridianamente equivocado, lo cual no ha sido óbice ni cortapisa para que apareciera la idea, negro sobre blanco, en más de un programa electoral. Bien es cierto que en el bienio 2004/2005 su creación hubiese sido mucho más sencilla, menos traumática y menos costosa que hacerlo ahora, con la crisis galopando desbocada y espoleada por los despropósitos del Gobierno.
La clave para una Agencia de este tipo, que vendría a sustituir a la DGT absorbiéndola y sumando más personal procedente de distintos Ministerios o Entidades, estriba en sus competencias, porque hay unanimidad a la hora de afirmar que la DGT se ha quedado pequeña para combatir la plaga de los accidentes de tráfico. No sólo es así, sino que en un campo social de la complejidad del tráfico, que responde al tipo de sociedad de que se trate –el ser humano conduce como vive-, no basta con un Organismo que defina pautas y que ejerza una de las competencias importantes, pero no la única, como es la vigilancia de las vías interurbanas y la sanción de las infracciones.
Otros ámbitos sociales deben tener presencia efectiva en un Organismo encargado de la seguridad vial, además de sus vigilantes: los constructores y mantenedores de carreteras (Fomento / Obras Públicas), los fabricantes de vehículos (Industria), los educadores (Educación), los comunicadores (Medios), los expertos en accidentología vial, los que se dedican al transporte de personas y mercancías (Transportes) o los que ejercen el auxilio sanitario en carretera (Sanidad). No es necesario abarcar todos esos Ministerios, pero sí es imprescindible contar entre el personal de la Agencia con expertos técnicos de al menos todos esos campos.
Una vez determinadas las competencias, el segundo paso debe dirigirse a establecer qué tipo de Organismo administrativo o, mejor, de qué categoría es el más adecuado para que las competencias se ejerzan de modo ejecutivo, sin otro obstáculo o interferencia que la que marque la ley o establezcan, en su caso, las Cámaras de Representantes a través de sus Comisiones de trabajo.
Lo que es fundamental es mirar hacia arriba. Un Organismo tipo Dirección General no tiene nada que hacer frente a un Ministerio si sus opiniones no coinciden. ¡Cuántas veces se observa un punto negro que puede solucionarse con una simple actuación en la infraestructura, y pese a comunicarlo así al órgano competente se dilata su solución año tras año!
Sugiero que la Agencia dependa de Presidencia del Gobierno, pues ya hemos conseguido que se definan los accidentes de tráfico como un problema de Estado. También sugiero que se rescaten las competencias sobre el tráfico que se han otorgado a algunas Comunidades Autónomas, pues el artículo 149, apartado 1, subapartado 21 de nuestra Constitución dice claramente que “el Estado tiene competencia exclusiva sobre….tráfico y circulación de vehículos de motor” y no sólo para legislar sobre ello.
¿Y de dónde pueden salir los dineros? Pues haciendo que el Ministerio de Cultura vuelva al de Educación junto con los Deportes –que no sé qué pintan en Presidencia- y eliminando el Ministerio de Igualdad, porque da igual, ya que la igualdad, bien entendida, debe pretenderse desde todos los ámbitos y no sólo desde la particular óptica de los/las comisarios/as políticos/as de un/a Ministerio/a. ¡Que me perdonen los gramáticos/as! Leer el resto de la entrada »
