Accidentología Vial

Sencillamente un blog de accidentología y seguridad vial

Siempre hemos tenido fundadas sospechas de que el contenido de accidentologiavial.net y otros blogs llegaban a Madrid. Pues bien, he ahí la demostración.

El Gobierno estudia convertir la DGT en una Agencia Estatal (si pincha podrá leer la noticia).

Y tras el fabuloso espectáculo mágico-mítico-irracional al que hemos asistido los últimos años en asuntos de tráfico y seguridad vial, me disculparán ustedes mi crisis de fe.

Pero es que, además, todo apunta a que empezamos fatal y a los hechos me remito: “…el Ejecutivo ha concedido 50.000 euros a la empresa Atos Origin para que analice “el impacto” de la transformación de la Dirección General de Tráfico (DGT) en una Agencia Estatal…”

Y según dicen ellos mismos en su web: ”Atos Origin es una compañía internacional de servicios de tecnologías de la información.” 

La cuestión es inevitable, ¿ser o no ser? O ¿Qué hace una empresa de tecnologías de la información, en eso de prever las consecuencias que tendrá la transfiguración de la DGT, en la sociedad, en la configuración y en el funcionamiento de un sistema tecnológico complejo de uso social demostradamente riesgoso como es el sistema viario, principal sistema de transporte de la sociedad, con consecuencias humanas y socioeconómicas transcendentales para la supervivencia y la calidad de vida, y cuya siniestralidad constituye el primer problema de seguridad pública entre todos los fenómenos violentos que matan y hieren a los humanos (aunque siempre detrás del aborto provocado, claro)?

Esto da un poco de miedo, porque uno de los problemas que sufre la sociedad es que con frecuencia: “…la decisión sobre las cosas las toman gentes que no tienen la menor idea de cómo funcionan las cosas.” Walter Lippmann (La opinión pública, N.York, 1922).

Y más aún con que lo decía el Ing. y Prof. Sandro Rocci en 1999: “…lo que distingue al profesional del lego es la posesión de un conocimiento especializado…”

Mi crisis de fe se agrava por momentos… lo noto mismamente.

Que la necesidad de hacer controles efectivos de alcohol y drogas a los conductores, no ya a los implicados en accidentes de tráfico, sino de forma preventiva en controles aleatorios, es un clamor social, no es nada nuevo.

Que la realización de estos controles implica un cierto grado de complejidad ya lo reconocía el Teniente Coronel de la Guardia Civil de Tráfico, D. José Luis Ulla Rega en el marco del IV Foro contra la Violencia Vial, organizado por STOP Accidentes el 10 de mayo de 2007. La solución que entonces él proponía era la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que de forma sistemática se pudiese extraer sangre a los implicados en un accidente de tráfico.

Él mismo apuntaba al conflicto de derechos que su solución implicaba, al entrar en colisión el derecho a la integridad física e intimidad de la persona a la que incluso contra su voluntad se le practica la extracción de sangre, y el derecho a la vida y la integridad física de los usuarios del a carretera. Fundamentaba el Teniente Coronel la necesidad del cambio normativo en “… una situación de absoluta orfandad en esta materia que complica el trabajo policial, que complica el trabajo del personal médico y que, en el fondo, no esta defendiendo los derechos de las víctimas”. Esta problemática es común a todos los cuerpos de seguridad encargados de la vigilancia del tráfico.

La pregunta que, no es nueva, y que hace obvia, es ¿pero es precisa una limitación de derechos individuales para que sea efectiva una política de seguridad vial? Pues para responder, como casi siempre, el camino correcto es el evaluar el estado de la técnica que se puede poner al servicio de la seguridad vial. Y en este caso concreto debemos recurrir a la técnica médica, y concretamente a la analítica.

Y nos encontramos con la saliva. Y con la forma en que esa saliva es obtenida, con técnicas y medios no agresivos, por lo que no existe vulneración de derechos (es equiparable a la prueba de alcohol mediante el airea expirado). De forma resumida, y con lo que ello implica en cuanto a los detalles de las explicaciones, se puede decir que existen tres niveles de rigurosidad analítica en cualquier soporte, ya sea sangre, ya saliva.

El primero, y referido a la saliva, es el correspondiente a las pruebas rápidas o de “screaning”, que constatan la presencia de metabolitos generados por el organismo ante la presencia de determinadas sustancias, en este caso drogas de abuso. Consisten en unas pequeñas esponjas que se impregnan de saliva, que luego se introducen en un reactivo. Estas pruebas presentan inconvenientes, como son el tiempo de espera del resultado de la prueba, y la posibilidad de falsos positivos. (este fue uno de los caballos de batalla del proyecto ROSITA ya citado).

El segundo método es el enzimático, mas preciso que el primero, con una pequeña posibilidad de falso positivo (inferior al 5%) y que debe de practicarse en entorno de laboratorio por personal sanitario.

Por último, el mas preciso, denominado “Gold estándar” es el “gases masas”, donde exactamente se determina la cantidad exacta de la sustancia que buscamos, y no metabolitos. En este método la posibilidad de error es nula. Y este es el estado de la técnica.

Para añadir un poco de complicación mas, podemos añadir la dificultad de interpretación de los síntomas, e incluso de lo que pudieran ser falsos positivos en las pruebas rápidas, por interacción con otras sustancias, por ejemplo, medicamentos.

Entonces, ¿es imposible el efectuar controles preventivos sin que necesariamente entren en conflicto derechos? ¿es necesaria la reforma legal que recorta esos derechos en nombre de la Seguridad Vial? A la primera la respuesta es no. Y a la segunda también es no.

El secreto está, como siempre, en la técnica, y en su correcta utilización por los profesionales adecuados. También en este campo es preciso huir de mitos, creencias y leyendas.

Al hilo de lo que escribe Luis Lorenzo en su artículo Agencia Estatal de Seguridad Vial, se añade una de las propuestas que hizo la Asociación Española de Accidentología Vial a la Comisión Parlamentaria de Seguridad Vial que entonces estaba discutiendo el cambio legislativo que implantaría el permiso por puntos en España.

“Para ello es imprescindible un ente o institución que organice, promueva y coordine la
investigación y la formación, que tenga capacidad para canalizar con fluidez las
comunicaciones y coordinar el trabajo de investigadores, técnicos y docentes del
tráfico, la accidentología y la seguridad vial y con centros de otras disciplinas que
tienen que auxiliarlos, a fin de planificar con coherencia e integridad (no multidisciplinar
sino interdisciplinar) aquello que podemos hacer para mejorar y mantener la seguridad
vial en España. No hablamos de un ente administrativo, sino de un centro para
organizar la coordinación y el desarrollo de la ciencia y la técnica del sistema de tráfico
en toda la red viaria española, urbana e interurbana, optimizando el funcionamiento de
los recursos humanos y materiales que dispone el conjunto de la Sociedad, porque
eso es lo que nos hace falta.
Y se hacen estas propuestas porque no vemos otra posibilidad, tarde o temprano
tendrán que llevarse a cabo, porque el tráfico viario no sólo mata, hiere, deja inválidos
y astronómicos agujeros económicos, sino que su actual configuración y
funcionamiento está haciendo que la vida sea de peor calidad y más insostenible en
las ciudades.
Si no se producen cambios, las generaciones futuras se tendrán que enfrentar a
problemas muy graves que afectarán, no ya al sostenimiento y a la calidad como es
ahora, sino a la posibilidad de la vida urbana.”

Desde hace cinco años, y como una promesa incumplida más de las muchas que ha prodigado este Gobierno –y a las que parece que nos hemos acostumbrado, porque nadie se atreve a decir que se nos miente una y otra vez-, la Agencia Estatal de Seguridad Vial permanece arrumbada y nonata.

A cualquiera que se le haya ocurrido que crear una Agencia de este tipo es fácil, está meridianamente equivocado, lo cual no ha sido óbice ni cortapisa para que apareciera la idea, negro sobre blanco, en más de un programa electoral. Bien es cierto que en el bienio 2004/2005 su creación hubiese sido mucho más sencilla, menos traumática y menos costosa que hacerlo ahora, con la crisis galopando desbocada y espoleada por los despropósitos del Gobierno.

La clave para una Agencia de este tipo, que vendría a sustituir a la DGT absorbiéndola y sumando más personal procedente de distintos Ministerios o Entidades, estriba en sus competencias, porque hay unanimidad a la hora de afirmar que la DGT se ha quedado pequeña para combatir la plaga de los accidentes de tráfico. No sólo es así, sino que en un campo social de la complejidad del tráfico, que responde al tipo de sociedad de que se trate –el ser humano conduce como vive-, no basta con un Organismo que defina pautas y que ejerza una de las competencias importantes, pero no la única, como es la vigilancia de las vías interurbanas y la sanción de las infracciones.

Otros ámbitos sociales deben tener presencia efectiva en un Organismo encargado de la seguridad vial, además de sus vigilantes: los constructores y mantenedores de carreteras (Fomento / Obras Públicas), los fabricantes de vehículos (Industria), los educadores (Educación), los comunicadores (Medios), los expertos en accidentología vial, los que se dedican al transporte de personas y mercancías (Transportes) o los que ejercen el auxilio sanitario en carretera (Sanidad). No es necesario abarcar todos esos Ministerios, pero sí es imprescindible contar entre el personal de la Agencia con expertos técnicos de al menos todos esos campos.

Una vez determinadas las competencias, el segundo paso debe dirigirse a establecer qué tipo de Organismo administrativo o, mejor, de qué categoría es el más adecuado para que las competencias se ejerzan de modo ejecutivo, sin otro obstáculo o interferencia que la que marque la ley o establezcan, en su caso, las Cámaras de Representantes a través de sus Comisiones de trabajo.

Lo que es fundamental es mirar hacia arriba. Un Organismo tipo Dirección General no tiene nada que hacer frente a un Ministerio si sus opiniones no coinciden. ¡Cuántas veces se observa un punto negro que puede solucionarse con una simple actuación en la infraestructura, y pese a comunicarlo así al órgano competente se dilata su solución año tras año!

Sugiero que la Agencia dependa de Presidencia del Gobierno, pues ya hemos conseguido que se definan los accidentes de tráfico como un problema de Estado. También sugiero que se rescaten las competencias sobre el tráfico que se han otorgado a algunas Comunidades Autónomas, pues el artículo 149, apartado 1, subapartado 21 de nuestra Constitución dice claramente que “el Estado tiene competencia exclusiva sobre….tráfico y circulación de vehículos de motor” y no sólo para legislar sobre ello.

¿Y de dónde pueden salir los dineros? Pues haciendo que el Ministerio de Cultura vuelva al de Educación junto con los Deportes –que no sé qué pintan en Presidencia- y eliminando el Ministerio de Igualdad, porque da igual, ya que la igualdad, bien entendida, debe pretenderse desde todos los ámbitos y no sólo desde la particular óptica de los/las comisarios/as políticos/as de un/a Ministerio/a. ¡Que me perdonen los gramáticos/as! Leer el resto de la entrada »